Internacionales
Marzo,31/2010 ABN
La Com
isión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido en las últimas semanas una serie de cuestionamientos contra los poderes públicos en Venezuela, cuya única base son los argumentos de la oposición venezolana, la misma que en abril de 2002 protagonizó un golpe de Estado contra el actual mandatario, Hugo Chávez Frías. El ente, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyos miembros son elegidos por Estados Unidos, criminalizó al gobierno venezolano, sin prebas y en tiempo récord, por la supuesta “falta de independencia” de los poderes públicos a razón de una medida aplicada al empresario, Guillermo Zuloaga, acusado de vilipendio y difusión de información falsa. Previamente, tanto la CIDH como un vocero del Departamento de Estado norteamericano habían expresado “su profunda preocupación” por la aplicación de las leyes venezolanas a Oswaldo Álvarez Paz, quien esgrimió acusaciones sin soporte alguno en un programa de televisión. Álvarez Paz afirmó que “Venezuela constituye un paraíso para lo que es el narcotráfico y que el Gobierno mantiene relaciones con grupos radicales”. El político se hizo eco del fallo sin fundamento que había emitido días antes contra Venezuela el juez español de ultraderecha, Eloy Velasco. “Álvarez Paz incurrió en delitos sancionados por el Código Penal y debe asumir su responsabilidad, ante Venezuela y el mundo. Esta detención no es un castigo a su opinión”, explicó al respecto el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Villalba. En vista del débil sustento de las acusaciones contra Venezuela, el gobierno ha desestimado los comunicados oficiales de la CIDH y se ha limitado a calificarlos de politizados e injerencistas. Diligencia para el poder La CIDH ha sido “diligente” para condenar al Estado venezolano cuando la ley se aplica a intereses privados, pero su actitud no ha sido la misma para procesar causas de ciudadanos sin mayor notoriedad pública, denunció recientemente ante la OEA el embajador venezolano, Roy Chaderton. En una intervención ante la Asamblea General en Washington, Chaderton recordó que la CIDH reaccionó con más de cinco años de retardo a la mayor violación de los derechos humanos de la historia de Venezuela, conocida como “El Caracazo”, y reconoció, a través del Secretario Ejecutivo vitalicio, Santiago Cantón, a la fugaz dictadura de Pedro Carmona Estanga tras el golpe contra Chávez. El embajador venezolano también mencionó la tardanza de la CIDH para condenar la matanza de indígenas bolivianos en la población de El Alto, ejecutada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y enfatizó la “discreción” del ente para pronunciarse “sobre muchas graves violaciones de derechos humanos en el Continente cometidas por Gobiernos de su complicidad política”. “La CIDH practica un silencio criminal, con selectiva y protectora habilidad, en casos de violaciones de los derechos humanos y asaltos contra la democracia cuando son cometidos por aliados de sus ocultos patrocinadores, mientras que las quejas presentadas insistentemente ante la OEA por el Gobierno venezolano son desatendidas sin abrir espacio a reflexión o interlocución. Las (denuncias) presentadas por los sectores desestabilizadores de Venezuela son procesadas de inmediato sin consulta a la parte difamada”, aseveró Chaderton. Campaña contra Venezuela Para la Defensoría del Pueblo, las acusaciones de la CIDH forman parte de una campaña contra el Estado venezolano usada como “como punta de lanza para confeccionar un expediente de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno”. La Defensoría rechazó categóricamente los pronunciamientos de la corte en torno a los procesos judiciales iniciados contra ciudadanos venezolanos incursos en delitos y denunció que la instancia no solicitó información oficial al Estado. De igual forma, resaltó que los pronunciamientos de la CIDH se apartan de la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que establece el cumplimiento estricto de los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad en el manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento. Para el gobierno venezolano, tal como lo denunció el embajador Chaderton, la CIDH interviene en los asuntos internos de Venezuela y extrae conclusiones sin el agotamiento de las instancias internas, además de estar parcializada con empresas, personajes e instituciones, incursas en graves y recurrentes amenazas contra las leyes e instituciones democráticas en el país.
isión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido en las últimas semanas una serie de cuestionamientos contra los poderes públicos en Venezuela, cuya única base son los argumentos de la oposición venezolana, la misma que en abril de 2002 protagonizó un golpe de Estado contra el actual mandatario, Hugo Chávez Frías. El ente, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyos miembros son elegidos por Estados Unidos, criminalizó al gobierno venezolano, sin prebas y en tiempo récord, por la supuesta “falta de independencia” de los poderes públicos a razón de una medida aplicada al empresario, Guillermo Zuloaga, acusado de vilipendio y difusión de información falsa. Previamente, tanto la CIDH como un vocero del Departamento de Estado norteamericano habían expresado “su profunda preocupación” por la aplicación de las leyes venezolanas a Oswaldo Álvarez Paz, quien esgrimió acusaciones sin soporte alguno en un programa de televisión. Álvarez Paz afirmó que “Venezuela constituye un paraíso para lo que es el narcotráfico y que el Gobierno mantiene relaciones con grupos radicales”. El político se hizo eco del fallo sin fundamento que había emitido días antes contra Venezuela el juez español de ultraderecha, Eloy Velasco. “Álvarez Paz incurrió en delitos sancionados por el Código Penal y debe asumir su responsabilidad, ante Venezuela y el mundo. Esta detención no es un castigo a su opinión”, explicó al respecto el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Villalba. En vista del débil sustento de las acusaciones contra Venezuela, el gobierno ha desestimado los comunicados oficiales de la CIDH y se ha limitado a calificarlos de politizados e injerencistas. Diligencia para el poder La CIDH ha sido “diligente” para condenar al Estado venezolano cuando la ley se aplica a intereses privados, pero su actitud no ha sido la misma para procesar causas de ciudadanos sin mayor notoriedad pública, denunció recientemente ante la OEA el embajador venezolano, Roy Chaderton. En una intervención ante la Asamblea General en Washington, Chaderton recordó que la CIDH reaccionó con más de cinco años de retardo a la mayor violación de los derechos humanos de la historia de Venezuela, conocida como “El Caracazo”, y reconoció, a través del Secretario Ejecutivo vitalicio, Santiago Cantón, a la fugaz dictadura de Pedro Carmona Estanga tras el golpe contra Chávez. El embajador venezolano también mencionó la tardanza de la CIDH para condenar la matanza de indígenas bolivianos en la población de El Alto, ejecutada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y enfatizó la “discreción” del ente para pronunciarse “sobre muchas graves violaciones de derechos humanos en el Continente cometidas por Gobiernos de su complicidad política”. “La CIDH practica un silencio criminal, con selectiva y protectora habilidad, en casos de violaciones de los derechos humanos y asaltos contra la democracia cuando son cometidos por aliados de sus ocultos patrocinadores, mientras que las quejas presentadas insistentemente ante la OEA por el Gobierno venezolano son desatendidas sin abrir espacio a reflexión o interlocución. Las (denuncias) presentadas por los sectores desestabilizadores de Venezuela son procesadas de inmediato sin consulta a la parte difamada”, aseveró Chaderton. Campaña contra Venezuela Para la Defensoría del Pueblo, las acusaciones de la CIDH forman parte de una campaña contra el Estado venezolano usada como “como punta de lanza para confeccionar un expediente de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno”. La Defensoría rechazó categóricamente los pronunciamientos de la corte en torno a los procesos judiciales iniciados contra ciudadanos venezolanos incursos en delitos y denunció que la instancia no solicitó información oficial al Estado. De igual forma, resaltó que los pronunciamientos de la CIDH se apartan de la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que establece el cumplimiento estricto de los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad en el manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento. Para el gobierno venezolano, tal como lo denunció el embajador Chaderton, la CIDH interviene en los asuntos internos de Venezuela y extrae conclusiones sin el agotamiento de las instancias internas, además de estar parcializada con empresas, personajes e instituciones, incursas en graves y recurrentes amenazas contra las leyes e instituciones democráticas en el país. 
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