11A: cuando el poder económico pretendió debilitar a la revolución

11 de abril del 2002
El golpe de Estado del 11 de abril del 2002 fue la expresión de la lucha de clases que aún persiste en Venezuela, cuando una revolución en marcha comenzaba a afectar los intereses y a suprimir los privilegios de las élites que tradicionalmente habían ostentado el poder en el país

noticias
nacionales
abril,11/2010

Esta es la apreciación del economista Jesús Farías, quien agregó que en aquel momento existía una coyuntura económica compleja, ocasionada por un descenso en los precios del petróleo.

Esta situación fue aprovechada por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) para iniciar la estocada antidemocrática, basada en una confrontación política enraizada en el poder económico.

La ofensiva pretendía atentar contra la gobernabilidad venezolana, en un desesperado intento por defender los interesas de las clases más poderosas, e impedir que el gobierno legítimo y constitucional del presidente Hugo Chávez profundizara una política destinada a lograr una distribución más justa del ingreso.

Ante esto, el Gobierno bolivariano asumió la puesta en marcha de un conjunto de políticas dirigidas a transformar al país, en la búsqueda de mayor bienestar para sus habitantes y lograr resarcir las consecuencias de las iniciativas golpistas.

Leyes para reactivar la economía
Mediante la Ley Habilitante decretada en el año 2000, el jefe de Estado aprobó 49 leyes en noviembre de 2001, con un importante componente en materia económica.

Aún cuando factores adversos a la revolución generaron una cantidad de información distorsionada en torno al conjunto de leyes habilitantes, en realidad, la nueva normativa estaba dirigida a reanimar la economía.

Entre estas leyes, resalta la Ley Orgánica de Hidrocarburos, destinada a otorgar mayores facultades al Estado venezolano en la administración de los recursos petroleros.

Con ello se limitaba la apertura iniciada en este sector a partir de los años 90, con la que se favorecía el saqueo de los recursos en detrimento del bienestar de la población.

Otra de las habilitantes de la discordia fue la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dirigida a eliminar el latifundio y a promover una justa distribución de la riqueza en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de la actividad agraria.

"Tanto el capital extranjero como las compañías nacionales y trasnacionales que hacían negocios con la apertura petrolera, así como los grandes terratenientes, estaban en contra de estas leyes", manifestó Farías.

También se encontraban las leyes para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria; la del Fondo de Crédito Industrial y la de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, destinadas a dinamizar el aparato productivo nacional.

Al respecto, el presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), Alfredo Riera, dijo que los instrumentos legales formaban parte de la estrategia estructural que hoy se ejecuta.

Ellas estaban dirigidas a fomentar el desarrollo de una economía más humanista, así como el acceso a créditos por parte de pequeños y medianos empresarios, sostuvo.

"Eso fue lo que desató la confrontación política. Quienes se opusieron a esas leyes, son personas a las que nunca les ha preocupado el esfuerzo del Gobierno Revolucionario para saldar la deuda social que se tenía con la población", manifestó Riera.

Secuelas de un golpe fracasado
La acometida antidemocrática de 2002 se tradujo, en opinión del economista Jesús Farías, en una de las crisis más duras que ha vivido Venezuela en los últimos 80 años.

Luego del fracasado intento de derrocar al presidente Chávez, la derecha venezolana continuó subestimando la capacidad de respuesta de la población y del Gobierno Nacional: decidieron implementar el Golpe Petrolero, que buscaba concretar lo que no lograron con el golpe militar y económico.

Explicó el economista que la conspiración que durante tres meses paralizó al sector petrolero formó parte de un mismo proceso histórico que no debe desvincularse de la arremetida antidemocrática de abril de 2002.

"El paro petrolero generó un costo que se calcula entre 12 mil y 18 mil millones de dólares", subrayó.

Con ello, se buscaba generar una situación intolerable para el pueblo, a través de la generación de condiciones políticas y sociales que hicieran posible la materialización de un nuevo Golpe de Estado en contra del presidente Chávez.

"Debido a esa situación, la economía comenzó a declinar, los niveles desempleo aumentaron y, en consecuencia, la calidad de vida de los venezolanos se deterioró", precisó Farías.

Según las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), el Producto Interno Bruto (PIB), que registraba un crecimiento sostenido desde 1999, para el año 2000 se ubicó en más de 41 millardos de bolívares.

Sin embargo, a raíz del golpe y el posterior paro petrolero, esa cifra se redujo a 35 millardos en 2003, lo que representó una caída de 13% en la economía nacional. Igualmente, los indicadores sociales cayeron abruptamente durante el período 2002-2003.

La tasa de desempleo, que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se encontraba para el segundo semestre de 2001 en 12,8%, aumentó para el mismo período de 2002 a 16,2% y a 16,8 % en el segundo semestre de 2003.

La desigualdad en el ingreso en los hogares, medida a través del Coeficiente de Gini, observó igualmente un repunte en 2002: se ubicó en 0,4938, cuando en 2001 se encontraba en 0,4573. Este indicador, conforme más se acerque a cero, denota una distribución más igualitaria del ingreso nacional.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que evidenciaba crecimiento a partir de 1999, también decayó luego del golpe.

Mientras en 2001, el indicador estaba en 0,7958; en 2002, se ubicó en 0,7933; y en 2003, en 0,7880. Éste por el contrario, mientras mas se acerque a uno (1) significa un mayor IDH.


El golpe aceleró la marcha revolucionaria
A pesar de las secuelas del golpe y gracias a las 49 Leyes Habilitantes, Venezuela comenzó a registrar una rápida recuperación económica, lo que se reflejó positivamente en el bienestar de la población.

Los sucesos del 11 de abril y el posterior paro petrolero, ocasionaron lo que Farías describió como la ruptura definitiva del gobierno con las fuerzas identificadas con el capital nacional y foráneo, que impedían el desarrollo de una democracia verdaderamente popular que garantizara el bienestar de la población.

"Esos momentos de gran adversidad, ocasionados por la arremetida del imperialismo y de las fuerzas de la Derecha venezolana, sirvieron para que el Gobierno Bolivariano asumiera un mayor protagonismo y acelerara la transición al socialismo", expresó.

Luego del golpe, en el país se inicia una fuerte política social, se fortalecen las Misiones Sociales en materia de salud, alimentación y educación, la red de Mercados de Alimentos (Mercal) y se democratiza el acceso a la educación en sus diferentes niveles.

Igualmente, se desarrolla un sector Estatal mucho más sólido, con mayor capacidad de conducir al país hacia un escenario económico productivo, menos rentista y más abierto a la participación social.

'Hoy en día, todas las potencialidades económicas nacionales, incluso los recursos provenientes de la renta petrolera, son volcados hacia el país, para elevar los indicadores sociales de una forma radical', indicó el economista.

Farías aseguró que, a pesar del saldo negativo del golpe, el mismo condujo al establecimiento de condiciones favorables para la recuperación económica, que para finales de 2004, escenificaba la mayor expansión económica de los últimos 70 años en Venezuela.

A partir del 2004, la economía nacional comienza a mostrar signos de evidente recuperación: el PIB creció de 35 millardos de bolívares en 2003 a más de 42 millardos de bolívares en 2004, lo que representó un incremento de 18%.

Por su parte, la actividad no petrolera se incrementó entre 2003 y 2004 en 16%, entre 2003 y 2005 en 30.2%, dando cuenta de una mayor diversificación económica.

En Venezuela, gracias a las políticas económicas implementadas por el Gobierno Bolivariano, cada vez existe una distribución más justa del ingreso nacional.

De acuerdo con las cifras publicadas en el portal web del INE, el coeficiente de Gini, variable que mide el nivel de distribución del ingreso en los países, ubicaba a Venezuela para 1998 en 0,4865, mientras que para 2009, se ubicó en 0,3928.

La pobreza también disminuyó. En 1999 se ubicaba en 40,09% y para el segundo semestre de 2009 ésta se encontraba en 23,8%. El desempleo estaba por el orden de 15,0% para el año 1998, mientras que para enero de 2010 se ubicó en 10,2%.

El Índice de desarrollo Humano (IDH) se posicionó en 0,844 en 2007, lo que clasifica a Venezuela como un país con IDH alto, mientras que para 1998, antes de la llegada del presidente Chávez se encontraba en 0,7665.

Desde 1980 hasta el año 2000, Venezuela se clasificaba como un país con un Desarrollo Humano medio, toda vez que el indicador oscilaba entre 0,765 y 0,793.

Todas estas cifras reflejan un crecimiento sostenido de la economía, que a raíz del golpe aceleró su tránsito hacia el socialismo. Gracias a ello, la población no ha sido afectada tan gravemente por la crisis financiera mundial, como ha ocurrido en otros países como: Estados Unidos, Francia o España.